Historia de la Privatización de las Escuelas
La educación pública universal que no depende de nuestro género, raza, estrato social, nivel socioeconómico o creencias religiosas es un invento relativamente moderno. Los aztecas tuvieron las primeras escuelas públicas obligatorias a las que asistían todos los niños, aunque diferían de las escuelas públicas modernas porque comenzaban a inscribirse al cumplir quince años, y mantenían sistemas diferentes para niños de estratos socioeconómicos altos y niños de estratos socioeconómicos bajos. El sistema de educación pública universal fue destruido por el imperio español durante la colonización, y el sistema de educación obligatoria financiada por el estado no apareció de nuevo hasta finales de los 1800s en Prusia.
Desde entonces, el valor de los sistemas de educación universal financiados por el estado abiertos a todos los estudiantes se ha esparcido en todo el mundo, incrementando ampliamente el acceso a la educación a las poblaciones marginadas. La literatura se está incrementando en todos los rincones del mundo a medida que la educación mejora, lo cual ha provocado mayor movilidad social y crecimiento económico.
Las inversiones públicas en las escuelas han mostrado retornos económicos de 6.8 a 10.6 por ciento en estudios aleatorios en las construcciones de escuelas, haciendo la educación pública una de las inversiones más fuertes que la gente puede hacer para el crecimiento económico a futuro.
A pesar de los beneficios claros de tener mejores escuelas públicas, no todos valoran la equidad social, movilidad, y educación secular universal. Como resultado, hay algunos grupos trabajando de manera muy efectiva para desmantelar la educación pública en Arizona y en todo el país.
Desmantelamiento y Privatización de las Escuelas en los Estados Unidos
Las personas que están a favor de privatizar a las escuelas públicas modernas quieren enmarcar a la educación como una mercancía en lugar de un bien público. Una metáfora que utilizan comúnmente es que los estudiantes deben de venir con una “mochila llena de dinero” por el cual las escuelas públicas y privadas compiten, donde la expectativa de utilidades impulsa la innovación y premia a las escuelas efectivas con mayores recursos.
El defecto más obvio en esta metáfora es que la educación no es un producto de consumo, es un bien público. La educación pública y las escuelas públicas son parte de la infraestructura física e intelectual de una comunidad.
Cuando los fondos públicos se desvían de las escuelas públicas hacia escuelas privadas, los estudiantes no se están llevando mochilas llenas de dinero con ellos, se están llevando elementos básicos de la infraestructura pública: libros de texto, escritorios, maestros, consejeros, ladrillos, autobuses, y todas las otras piezas que se tienen que reunir para poder construir y mantener una institución educativa efectiva.
En el caso de Pierce v. Society of Sisters (1925) la Suprema Corte de los Estados Unidos anuló una ley de Oregon que requería que los niños asistieran a escuelas públicas y les dio el derecho a los padres de familia para que ellos determinaran cómo querían que sus hijos fueran educados. Pero también dejó claro que los estados tienen el derecho de regular a todas las escuelas, ya sean públicas, privadas, o llevadas en casa.
No se tiene ninguna duda acerca del poder del Estado para regular de manera razonable a todas las escuelas, inspeccionarlas, supervisarlas y examinarlas, a sus maestros y alumnos; que requieran que todos los niños tengan edades apropiadas para asistir a la escuela, que los maestros tengan carácter moral y disposición patriótica, que se deben de enseñar ciertos estudios esenciales para formar buenos ciudadanos y que nada de lo que se enseñe sea hostil para el bienestar público.
History of School Privatization
Universal public education that isn’t dependent on one’s gender, race, social status, wealth, or religious belief is a fairly modern invention. The Aztecs had some of the first compulsory public schools attended by all children, although they differed from modern public schools in that enrollment began at the age of 15, and they maintained separate systems for higher-status children and lower-status children. This universal education system was wiped out by Spanish colonization of the empire, and publicly-funded compulsory education for all children wouldn’t really appear again until the early 1800’s in Prussia.
Since then the value of publicly-funded universal education systems open to all students has spread across the world, greatly increasing access to education by marginalized populations. Literacy is increasing in every corner of the globe as access to education improves, which has led to greater social mobility and economic growth.
Public investment in schools has been shown to have economic returns of around 6.8 to 10.6 percent in a randomized study of school construction, making public education one of the strongest investments people can make towards future economic growth.
Despite the clear benefits of our evolving and improving public schools, not everyone values social equity, mobility, and universal secular education. As a result, there are some highly effective groups working to dismantle public education in Arizona and across the country.
School Dismantling & Privatization in America
Modern public school privatizers like to frame education as a commodity rather than a public good. A metaphor they often use is that students should come with a “backpack full of cash” that public and private schools compete for, where the profit motive is expected to drive innovation and reward effective schools with more resources.
The most obvious flaw in this metaphor is that public education isn’t a consumer product, it is a public good. Public education and public schools are a part of a community’s physical and intellectual infrastructure.
When public funds are diverted from public schools and into private ones, students aren’t taking backpacks full of cash with them, they’re taking essential elements of the public infrastructure with them: textbooks, desks, teachers, counselors, bricks, busses, and all of the other pieces that have to come together to build and maintain an effective institution of education.
Public schools are an integral element of the fabric of American life, and are cornerstones of their communities. Even with our robust cultural support for public education, we also legally and culturally recognize the rights of parents to make decisions regarding their children’s education.
In Pierce v. Society of Sisters (1925) the U.S. Supreme Court struck down an Oregon law that required children to attend public schools and it upheld the rights of parents to determine how their children were educated. But it also made it clear that states have a right to regulate all schools, whether they’re public, private, or conducted in the home.
No question is raised concerning the power of the State reasonably to regulate all schools, to inspect, supervise and examine them, their teachers and pupils; to require that all children of proper age attend some school, that teachers shall be of good moral character and patriotic disposition, that certain studies plainly essential to good citizenship must be taught, and that nothing be taught which is manifestly inimical to the public welfare.
Los Cinco Movimientos de Privatización más Grandes
5 Major Privatization Movements
1920’s
Un movimiento para americanizar niños por medio de la apertura de escuelas con valores protestantes
1950’s – 60’s
Un crecimiento en el establecimiento y uso de escuelas privadas para familias blancas con el fin de evitar que sus hijos asistan a las escuelas que se tuvieron que integrar para seguir órdenes judiciales. Estas instituciones se conocieron como “academias de segregación”
1970’s
Con el fin de contrarrestar el movimiento anti-integración, se crearon escuelas imanes (magnet) para fomentar el multiculturalismo y la diversidad educativa.
1980’s – 2000’s
Los grupos religiosos comenzaron a buscar fondos públicos para apoyar sus escuelas privadas parroquiales, lo que provocó un aumento en los programas de vales financiados por los contribuyentes y los subsidios para escuelas religiosas principalmente.
1990’s – 2010’s
Tras una serie de reformas educativas federales, ciertos grupos privados de individuos comenzaron a impulsar el desarrollo de escuelas “charter” que operan en un espacio cuasi público, cuasi privado y que compiten con las escuelas públicas tradicionales de distrito
Como resultado de estos movimientos de privatización, tenemos una amplia gama de programas disponibles para elegir escuelas para los estudiantes. Estas suelen ser financiadas con fondos públicos y benefician a las organizaciones privadas con diversos grados de supervisión. Muchos de estos programas son similares pero utilizan diferentes nombres para efectos de mercadotecnia o mecanismos para eludir las prohibiciones legales de privatización para las escuelas.
1920’s
A movement to Americanize children by opening schools with Protestant values
1950’s – 60’s
A rise in the establishment and use of private schools for white families to avoid having their children attend integrated schools following court orders. These institutions became known as “segregation academies”
1970’s
To counter the anti-integration movement, magnet schools were created to encourage multiculturalism and educational diversity
1980’s – 2000’s
Religious groups began seeking public funding to support their private, parochial schools, leading to the rise in taxpayer-funded voucher programs and subsidies for primarily religious schools
1990’s – 2010’s
Following a number of federal education reforms, private groups and individuals began driving the development of charter schools which operate in a quasi-public, quasi-private space and compete with traditional public schools
As a result of these various privatization movements, we have a vast array of school choice programs available to students. These are often publicly funded and benefit private organizations with varying degrees of oversight. Many of the programs are similar but use different names for marketing or mechanisms to circumvent legal prohibitions on school privatization.
Casos Claves en la Privatización
Key Privatization Cases
Lemon v. Kurtzman (1971) creó la “Prueba del Limón” para ayudar a determinar la constitucionalidad del estado para proveer ayuda a instituciones religiosas privadas. La Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que cualquier acción del estado “debe tener un propósito legislativo secular”.
El Comité de Educación Pública v. Nyquist (1973) la Suprema Corte dictaminó que las escuelas religiosas privadas no deben recibir fondos públicos cuando esos fondos están demasiado interrelacionados entre las organizaciones religiosas y del estado.
Mueller v. Allen (1983) sostuvo que la elección de escuela beneficia a las personas, no a las instituciones, y por lo tanto cumple con la primera enmienda.
Aguilar v. Felton (1985) la Corte Suprema anuló un programa de Nueva York que enviaba educadores públicos a escuelas religiosas privadas para ayudar a los estudiantes basados en que las organizaciones religiosas y del estado estaban demasiado interrelacionadas.
Witters v. El Departamento de Servicios para los Ciegos de Washington (1986) la Suprema Corte confirmó el interés de un estudiante individual para poder utilizar fondos de los contribuyentes para apoyar su inscripción en una escuela religiosa privada, ya que determinaron que probablemente no habría una porción significativa de la ayuda estatal que fluiría hacia la educación religiosa. Este caso abrió las puertas al financiamiento público para la educación religiosa privada, dando cabida a una serie de programas que siguieron en las décadas posteriores.
Desmantelamiento y Privatización de las Escuelas en Arizona
Arizona es el ejemplo perfecto de lo que puede salir mal (y saldrá mal) a medida que la privatización de las escuelas se esparza por todo el país.
Hasta los 80’s, Arizona tenía escuelas de buena calidad y maestros bien pagados. Pero en los últimos 30 años, el trabajo concentrado y bien financiado de los defensores de la privatización ha dejado sin fondos a la educación pública y perpetuado un mito peligroso que habla de que las escuelas públicas han “fracasado”. Hoy en día, Arizona ocupa el último lugar entre los estados en cuanto a retención de maestros, el lugar 49 en pago de maestros y el lugar 46 en inversión por alumno.
¿Cómo permitimos que sucediera esto? La desinversión en las escuelas públicas de Arizona no ha sido accidental; la trayectoria ha sido relativamente rápida y sorprendentemente destructiva para nuestros niños, escuelas y comunidades. De hecho, ciertos grupos de intereses especiales y cabilderos identificaron a Arizona desde el principio como un objetivo para la privatización y un lugar ideal para probar una variedad de métodos para desvirtuar a la educación pública como un bien común.
En 1991, cuando el gobernador Fife Symington tomó el poder, Arizona ocupaba el lugar 24 en pago a maestros a nivel nacional. Durante su mandato, bajó a ocupar el lugar 30 a nivel nacional. La administración de Symington no financió a los distritos escolares para compensar el 8% de los costos de inflación o el crecimiento de la población estudiantil a una tasa del 3% cada año.
Para 1995, el estado había caído al lugar 46 en inversión para la educación a nivel nacional. Siguiendo la filosofía de los mercados libres sin restricciones de Milton Friedman, recortando la supervisión del gobierno y aumentando la propiedad privada, Symington impulsó recortes fiscales extremos para que las corporaciones limitaran sus ingresos, lo que llevó al estado al borde de la inanición. Esos recortes aún no se han reestablecido y, de hecho, los legisladores estatales continúan presionando año tras año en detrimento de los programas públicos. Arizona actualmente deja de recibir más de $14 mil millones al año en recortes fiscales, créditos fiscales y gastos en impuestos tanto corporativos como personales.
La industria de las escuelas chárter fue lanzada durante el mandato de Symington, declarando que su propósito era que “las instituciones de educación pública se verían obligadas a competir y mejorar”. A pesar de tener décadas de “competencia” sin beneficios comprobados, los privatizadores siguen teniendo una firme convicción que esto es cierto y lo utilizan como punto de conversación sin fundamento. Arizona sigue teniendo algunas de las leyes para escuelas charter menos restrictivas de la nación, y no ha implementado leyes para promover la transparencia o la responsabilidad. Los proponentes de estas escuelas se han aprovechado de estas leyes laxas y han obtenido ganancias increíbles mientras drenan los fondos que tanto necesitan nuestras escuelas públicas.
A pesar de estas impactantes estadísticas, los grupos de intereses especiales como EdChoice, fundado por el arquitecto de vales Milton Friedman, continuamente clasifican a Arizona como el “número 1” en “elección de escuelas” porque sólo se enfocan en los datos de crecimiento de los esquemas de privatización como los vales. Ningún estudio ha podido documentar mejoras significativas en los resultados educativos o el rendimiento de los estudiantes, y muchas escuelas privadas se resisten a los intentos de medir el progreso educativo.
¿Quién está impulsando estas leyes que desvían fondos de nuestras escuelas públicas y cómo se han salido con la suya? Es simple. Los legisladores de Arizona, apoyados por los grupos de intereses especiales del estado y nacionales que se encuentran bien financiados, incluida la Federación Estadounidense para la Prosperidad de DeVos y el Instituto Goldwater de Arizona, siguen estos pasos para privatizar nuestras escuelas de manera discreta e incremental:
Desacreditar
difunden la idea de que las escuelas públicas están “fracasando” o que las escuelas del “gobierno” promueven un plan de estudios que “aplica a todos”. Imponen un sistema de calificación escolar que no tiene en cuenta los factores de pobreza o trauma.
Desinvertir
recortan los fondos al sistema de educación pública al reducir los ingresos estatales, trasladando la carga a los dueños de propiedades y los padres de familia locales. Esto afecta de manera desproporcionada a las escuelas en vecindarios empobrecidos con propiedades de poco valor y escasos ingresos disponibles. Reducen programas como el kindergarten de tiempo completo. Asignan fondos tan insuficientes que las escuelas deben recortar puestos como bibliotecarios, consejeros, maestros de música y asistentes que ayudan a los estudiantes de las escuelas públicas a prosperar. A medida que los fondos han disminuido, los resultados en los exámenes de los estudiantes han disminuido también.
Distraer
declarar que las escuelas públicas no funcionan y afirmar que debe haber otras opciones que tengan derecho a financiamiento público (el mito de la “elección de escuelas”). Las opciones llamativas para las escuelas privadas se promocionan como una mejor educación (aunque no tienen que seguir las mismas reglas). En 2019, más de $200 millones se desviaron de las escuelas públicas a escuelas privadas.
Repetir
Lemon v. Kurtzman (1971) created the “Lemon Test” to help determine the constitutionality of a state providing aid to private, religious institutions. The U.S. Supreme Court found that any state action “must have a secular legislative purpose”
Committee for Public Education v. Nyquist (1973) the Supreme Court ruled that private religious schools should not receive public funding when that funding overly intertwines the state and religious organizations.
Mueller v. Allen (1983) held that school choice benefits individuals, not institutions, and therefore complies with the First Amendment.
Aguilar v. Felton (1985) the Supreme Court struck down a New York program that sent public educators to private religious schools to aid students on the basis that it overly intertwined the state and religious organizations.
Witters v. Washington Department of Services for the Blind (1986) the Supreme Court upheld an individual student’s interest to have taxpayer funds support their enrollment in a private, religious school since they determined there would likely be no significant portion of the state aid flowing to a religious education. This case threw the doors for public funding of private, religious education wide open again, making room for a number of programs to follow in the decades since.
School Dismantling & Privatization in Arizona
Arizona is the cautionary tale of what can (and will) go wrong as school privatization spreads through the states.
Until the 1980s, Arizona had quality schools and well-compensated teachers. But over the past 30 years, the focused work of well funded privatization proponents has starved our public education system and perpetuated a dangerous myth about “failing” public schools. Now, Arizona ranks last among the states in teacher retention, 49th in teacher pay, and 46th in per-pupil spending.
How did we let this happen? The disinvestment in Arizona’s public schools has been far from accidental; the trajectory has been relatively swift and shockingly destructive to our children, schools, and communities. Indeed, special interest groups and lobbyists identified Arizona early on as a prime target for privatizing and a petri dish for testing a variety of methods to undermine public education as a common good.
In 1991, when Governor Fife Symington first came into office, Arizona ranked 24th nationally in teacher pay. During his tenure, that number dropped to 30th in the nation. The Symington administration failed to fund school districts for more than 8% of inflation costs or the 3% growth in student population every single year.
By 1995, the state had fallen to 46th in education spending in the nation. Following Milton Friedman’s philosophy of unfettered free markets, slashing of government oversight, and increased private ownership, Symington pushed extreme tax cuts for corporations to limit revenue, pushing the state to the brink of starvation. Those cuts have yet to be restored, and in fact continue to be pushed year after year by state lawmakers to the detriment of public programs. Arizona currently gives away over $14B annually in corporate and personal tax cuts, credits, and expenditures.
The charter school industry was launched during Symington’s term, with the stated purpose that “the public education institutions would be forced to compete and get better.” Despite decades of “competition” with no proven benefit, this groundless talking point remains an article of faith among privatizers. Arizona continues to have some of the least restrictive charter laws in the nation, and has failed to put in place laws to promote transparency or accountability. Bad actors have taken advantage of these lax laws, and have turned incredible profits while draining much needed funding from our public schools.
Despite these shocking statistics, special interest groups like EdChoice, founded by voucher architect Milton Friedman, continually rank Arizona “#1” in “school choice” because the only metrics they focus on are growth of privatization schemes like vouchers. Repeated studies have failed to document any significant improvement in educational outcomes or student achievement, and many private schools resist attempts to measure educational progress.
So who is pushing these laws that siphon funds from our public schools, and how have they gotten away with it? It’s simple. Arizona lawmakers propped up by well funded state and national special interest groups, including DeVos’ American Federation for Children, Americans for Prosperity, and Arizona’s Goldwater Institute, follow these steps to discreetly and incrementally privatize our schools:
Discredit
Disinvest
Divert
REPEAT
Los Primeros Vales: STOs
The First Vouchers: STOs
Aclamados ampliamente por los extremistas de la elección de escuelas como el futuro de las opciones educativas (school choice), los vales de STO son créditos fiscales dólar por dólar que benefician a las escuelas privadas sin pasar por la tesorería estatal, lo que resulta en una cantidad significativamente menor destinada a las escuelas públicas.
En 1997, el entonces gobernador Fife Symington promulgó una ley de crédito fiscal privado que se estableció como la primera forma de vales en Arizona. En ese momento, el Comité de Presupuesto Legislativo conjunto (JLBC por sus siglas en inglés) estimó que el costo sería de $4.5 millones por año. En 2019 el costo superó los $160 millones por año, y el 93% de esos vales se utilizan para escuelas religiosas.
Cuando el gobernador Symington firmó la ley, los intereses especiales la promocionaron como una herramienta para hacer que la educación privada fuera más accesible para las familias de bajos ingresos. Sin embargo, las STOs se han convertido en una oportunidad de negocio muy lucrativa para algunos, y en un sistema de subsidios que mantiene a la educación privada como un privilegio para aquellos que pueden pagarla de todas formas.
El programa STO ha crecido casi un 400% en 20 años. Los legisladores de Arizona lo han expandido estratégica y repetidamente, mientras que varios se han beneficiado personalmente de estas organizaciones.
En los últimos 20 años, otros 18 estados han seguido el ejemplo de Arizona en el establecimiento de programas de crédito fiscal para las escuelas privadas. Sin embargo, a diferencia de Arizona, la mayoría de estos otros estados requieren que la mayoría de los fondos se destinen a estudiantes de escasos recursos, y muchos limitan los programas a ciertas cantidades de dinero, como $10 millones por año.
Incluso algunos de los impulsores de la “elección de escuela” (school choice) como el actual juez de la Suprema Corte de Arizona, Cling Bolick, han cambiado de opinión acerca de los vales STO desde sus inicios. Bolick, quien fue cofundador del Instituto por la Justicia en Washington, DC, para apoyar a los vales y quien “los defendió hasta la Suprema Corte de Arizona”, ha dejado claro desde entonces:
“Contribuir a la educación de sus propios hijos no tiene el propósito de caridad”, dijo Bolick. “Apoyo la elección integral de las escuelas en Arizona, pero no la tenemos. Y es frustrante ver cómo se manipulan estos programas para tratar de lograr metas que no se pretenden lograr”.
Bolick también ha denunciado públicamente el “intercambio” de becas, diciendo que esta práctica va en contra de la intención de caridad del programa. Debido a que los padres no pueden otorgar un crédito fiscal a una STO a nombre de su propio hijo, con frecuencia intercambian con otros padres. Bolick también declaró que se sorprendió al descubrir que las propias escuelas estaban instruyendo a los padres de familia sobre cómo participar en esta práctica de intercambio de becas.
Cuando los mismos arquitectos del programa admiten que este no está funcionando, podría ser un buen momento de abandonar el proyecto por completo.
A pesar de los obvios problemas con el primer programa de vales en Arizona, los especuladores y los privatizadores han desarrollado continuamente más y más formas de desviar fondos de la educación pública, con un efecto devastador.
Hailed widely by school choice extremists as the future of educational options (or “school choice”), STO vouchers are dollar-for-dollar tax credits that benefit private schools without passing through the state Treasury at all, resulting in significantly less money for public schools.
In 1997, then-Governor Fife Symington signed into law a private tax credit law that would set the stage as Arizona’s first form of vouchers. At the time, the Joint Legislative Budget Committee (JLBC) estimated that the cost would be $4.5M per year. In 2019, the cost now tops $160 million per year, and 93% of these vouchers are used for religious schools.
When Gov. Symington signed the law, it was touted by special interests as a tool to make private education more accessible to low-income families. Instead, STOs have grown into a lucrative business opportunity for some, and a system of subsidies that keep private education a privilege for those who can already afford it.
The STO program has grown by almost 4000% in 20 years. Arizona legislators have strategically and repeatedly expanded it, while several have personally profited from the organizations themselves.
In the past 20 years, 18 other states have followed Arizona’s lead in establishing private-school tax credit programs. However — unlike Arizona — most of these other states require that the majority of funds go to low-income students, and many cap the programs at low figures, like $10M per year.
Even “school choice” boosters such as current AZ Supreme Court Justice Clint Bolick have soured on STO vouchers since their inception. Bolick, who co-founded the Institute for Justice in Washington, DC to support vouchers and who “defended them up to the Arizona Supreme Court,” has since made clear:
“It’s not a charitable purpose to contribute to your own child’s education,” said Bolick. “I support comprehensive school choice in Arizona, but we don’t have it. And it’s frustrating to see these programs manipulated to try to achieve goals they are not intended to achieve.”
Bolick has also publicly denounced “swapping” scholarships, saying that this practice goes against the charitable intent of the program. Because parents cannot give a tax credit to an STO in their own child’s name, they frequently swap with other parents. Bolick also stated he was shocked to find out that the schools themselves were instructing parents on how to engage in this scholarship-swapping practice.
When even the architects admit their program isn’t working, it might be time to abandon the blueprint altogether.
Despite the obvious problems with Arizona’s first voucher program, profiteers and privatizers have continuously developed more and more ways to divert funding from public education, to devastating effect.
Vales con Otro Nombre: ESA
Vouchers By Another Name: ESAs
En el 2009 la Suprema Corte de Arizona declaró de manera unánime que los programas de vales escolares de Arizona son inconstitucionales, especificando que los vales violan una prohibición constitucional que evita que se desvíen los dólares de los contribuyentes a escuelas religiosas y privadas.
Esta derrota sólo fue un obstáculo temporal para los privatizadores.
La decisión les dio de manera simultánea una ruta para eludir la Constitución por otro camino. Si bien el tribunal dictaminó que los vales violaban la cláusula de ayuda de la Constitución de Arizona al transferir fondos estatales directamente a las escuelas privadas, la decisión señaló que los vales podrían ser constitucionales **si** los fondos públicos simplemente fueran a los individuos (quienes podrían decidir si quieren gastar los fondos en escuelas religiosas o privadas). En su decisión, el Tribunal describió claramente lo que se convertiría en Cuentas de Becas de Empoderamiento (vales ESA), el primer programa de vales para las escuelas privadas del país. Este mecanismo pondría el dinero de los impuestos en una tarjeta de débito para enviarse por correo a los padres de familia que buscan una educación privada para sus hijos en lugar de darles el dinero directamente a las escuelas privadas.
Usando esta directiva, en el año 2011 los legisladores de Arizona aprobaron un programa de vales ESA limitado a $2.5 millones, lo cual abrió la puerta a una nueva forma de vales por medio de la utilización de la población compasiva: estudiantes con necesidades especiales, cuyas familias, comprensiblemente, habían estado pidiendo mejores servicios en las escuelas públicas, las cuales, debido a los constantes recortes presupuestales, tenían cada vez más dificultades para satisfacer las necesidades de los estudiantes más necesitados. La Suprema Corte de Arizona emitió su decisión final en 2013 (Niehaus v Huppenthal) afirmando la constitucionalidad de esta solución.
Durante los siguientes cinco años la legislatura incrementó gradualmente la elegibilidad a varias categorías nuevas de estudiantes, incluidos aquellos que asisten a escuelas públicas que habían recibido una calificación de D o F, a niños de familias militares on en hogares temporales de acogida (foster care), a niños en reservaciones de nativos americanos y a niños que ingresan al jardín de niños. Esta estrategia de expansión incremental ha demostrado ser muy eficaz para los privatizadores. Los legisladores que apoyan la privatización de la educación pública han evadido en gran medida el escrutinio público al aprobar sistemáticamente “pequeños” programas para poblaciones a quienes se les tiene compasión.
Sabiendo que los vales universales estaban siendo aprobados en un sistema escolar público con muchas necesidades y una crisis educativa sin precedentes, un grupo de padres de familia y maestros frustrados presentaron un referéndum ciudadano para poner a SB1431 en la boleta electoral. Este referéndum se formalizó convirtiéndose en Save our Schools Arizona y miles de voluntarios de SOSAZ trabajaron en todo el estado para recolectar 110,000 firmas, se defendieron exitosamente contra varias demandas en la Suprema Corte de Arizona (con el juez Clint Bolick en la banca), y finalmente llevaron a cabo una campaña estatal para derrotar a los vales universales por un margen de 2 a 1 en noviembre del 2018.
En todo Estados Unidos se han sometido los vales a votación más de 20 veces, y han perdido cada vez. Según Político, “cuando se les pregunta a los votantes en los estados de todo el país si quieren enviar dinero público a las escuelas privadas a través de vales, casi siempre han dicho que no”. Arizona demostró que no es la excepción.
