Las iniciativas y referendos, también conocidos como “medidas electorales” o “propuestas”, permiten a los ciudadanos votar directamente sobre la legislación. Aproximadamente la mitad de los estados en los Estados Unidos, incluido Arizona, permiten esta forma de democracia directa. Arizona es único porque su constitución específicamente garantiza a sus ciudadanos el derecho de “sacarle la vuelta a la legislatura” y crear sus propias leyes. Esta legislación puede llegar a la boleta electoral de varias formas:

1. Recomendación de la legislatura. La legislatura puede recomendar el lenguaje de una iniciativa estatutaria o enmienda constitucional, con un voto de mayoría simple en ambas cámaras, va directamente a la boleta para votar en una elección futura. No requiere la firma del gobernador. Esto se emplea con mayor frecuencia en casos en los que la legislatura require el permiso de los votantes para su acción, como un intento de cambiar la Constitución del estado, o para temas en los que de otra manera se requeriría un voto de la mayoría legislativa como un aumento de fondos. 

2. Iniciativa ciudadana. Cualquier ciudadano u organización puede reunir firmas para colocar una iniciativa estatutaria o enmienda constitucional en la boleta para votar en una elección futura. Los proponentes deben reunir las firmas del 10 por ciento de los votantes en la última elección para gobernador para una iniciativa y el 15 por ciento para una enmienda constitucional. La medida se convierte en ley si es aprobada por una mayoría simple de los votantes. Este proceso está fuertemente regulado por la legislatura, con más regulaciones aprobadas cada año, pero no involucra a la legislatura o al gobernador. Tanto la fase de recopilación de firmas como la fase de campaña electoral que sigue después de reunir las firmas suelen ser costosas y requieren de mucho tiempo. 

3. Referéndum ciudadano. Cualquier ciudadano u organización puede reunir firmas para colocar una ley previamente aprobada en la boleta electoral como un referéndum, para ser sometida a votación en elecciones futuras. En Arizona, este número es el 5 por ciento de los votantes en la última elección para gobernador. Un voto afirmativo confirma la medida como una ley; un voto negativo lo anula. Este proceso no involucra a la legislatura ni al gobernador y, al igual que con las iniciativas ciudadanas, tanto la fase de recolección de firmas como la fase de campaña electoral que sigue son típicamente costosas y requieren de mucha inversión de tiempo.

 En Arizona, las leyes hechas de esta manera son más difíciles de cambiar que las leyes aprobadas directamente por la legislatura. La Ley de Protección al Votante, una iniciativa ciudadana aprobada en 1998, impide que la legislatura y el gobernador modifiquen o deroguen leyes aprobadas en las urnas sin un voto de tres cuartos, y solo si el cambio promueve el propósito de la iniciativa. Es importante comprender el contexto en el que una iniciativa o referéndum llega a la boleta. Al igual que con el proceso tradicional de proyectos de ley, se pueden crear múltiples iniciativas y referendos para cada ciclo electoral, y no hay prohibición de que múltiples medidas sobre el mismo tema aparezcan en la misma boleta. Curiosamente, esto se puede utilizar para intentar influir tanto en la acción legislativa como para disuadir la acción ciudadana. Por ejemplo, la legislatura puede amenazar con recomendar que se incluya en la boleta una medida que compita con la de una iniciativa ciudadana que les desagrade con el fin de confundir a los votantes, aumentando las posibilidades de que ambas medidas fracasen. De igual manera, los ciudadanos frustrados pueden amenazar con llevar a cabo una iniciativa para estimular acciones de la legislatura o recomendar un proyecto de ley en particular a la boleta electoral en un intento de detener su aprobación. El gasto en las boletas de votación también juega un papel importante en este tipo de leyes. Los altos gastos de campaña por parte de los opositores a una medida electoral pueden ser efectivos para derrotar iniciativas al contribuir a un clima de confusión e incertidumbre que influye para que muchos ciudadanos voten “no”. Por estos motivos es importante conocer el origen de la medida, así como quien la respalda económicamente, antes de decidir cómo votar.